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Adjuntamos la carta al director de Antonio Aguirre publicada ayer en EL CORREO, en respuesta al artículo injurioso publicado algunos días antes, sobre las actuaciones del TSJPV en la querella del Foro Ermua contra el lehendakari Ibarretxe y tres dirigentes de Batasuna.

Publicado como Carta al Director, en EL CORREO, 18 de octubre de 2006.

En un artículo publicado el 13 de octubre Xabier Gurrutxaga afirmaba que la querella del Foro Ermua contra Ibarretxe por reunirse con Batasuna tiene como objetivo impedir que llegue la paz al País Vasco. La afirmación es grave porque atribuye las peores intenciones a un colectivo que nació para ayudar a poner fin tanto a ETA como a su chantaje y que ha padecido la amenaza y el azote terrorista (uno de los fundadores del Foro Ermua, el periodista José Luís López de Lacalle, fue asesinado por ETA después de la "tregua trampa"). Nadie desea más el final de ETA que los amenazados, los que hemos sido señalados por la banda terrorista como sus enemigos, como es el caso del Foro Ermua.

Pero sólo el Estado de Derecho y sus leyes pueden acabar con el terrorismo, no desafiando a ese estado y convirtiendo la legalidad en papel mojado como ha hecho el señor Ibarretxe al reunirse con Batasuna. Ibarretxe podía haber tenido contactos a título personal y privado, pero si lo ha hecho en público es para retar a las leyes democráticas de las que emana paradójicamente su legitimidad como lehendakari. Es a él y a quienes desafían y vituperan al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a quienes debería criticar y en quienes debe ver las intenciones de convertir el deseo de que ETA desaparezca en una oportunidad para obtener réditos políticos.

Le recordaré lo que ha dicho el Consejo General del Poder Judicial y que el Foro Ermua hace suyo: "El derecho a la crítica de las actuaciones judiciales, siempre aceptable en un Estado de Derecho, no debe incurrir en descalificaciones que vayan en descrédito de la función jurisdiccional"

Señor Gurrutxaga, debe distingir bien quiénes son los verdaderos enemigos de la paz. Y se lo digo con el espíritu de mis compañeros del Foro Ermua, que no es otro que el deseo de paz y libertad para Euskadi y que siguen diciendo lo que piensan incluso en momentos difíciles.

Pero no queremos cualquier paz, no queremos la "paz de Azkoitia", la paz de los cementerios, una paz con precio político que humille a las víctimas del terrorismo y a los que se han jugado y se juegan su vida por defender la libertad en Euskadi.

El Foro Ermua requirió notarialmente a Ibarretxe para que no se reuniese con BATASUNA, hecho por el que, finalmente, el lehendakari va a ser procesado como presunto delincuente. Hicimos lo mismo con las direcciones del PSOE y PSE, otra vez sin éxito, por lo que presentamosotra querella contra los dirigentes del PSE y BATASUNA que celebraron una reunión aireada públicamente de forma notoria y sobre la que se tendrán que pronunciar, espero que sin las presiones del caso que hoy nos ocupa, los tribunales de justicia.

Finalizo diciéndole que acusar al TSJPV de dictar resoluciones por razones extrajurídicas (esto es, prevaricando), y acusar al Foro Ermua, de no querer acabar con ETA son dos infamias que no pueden quedar impunes ante la opinión pública, y por ello le escribo estas líneas en nombre del Foro Ermua en contestación a su artículo.

Antonio MĒ Aguirre, Vocal de la Junta Directiva del Foro Ermua


Publicado en EL CORREO. 13 octubre 2006.

Incriminación

La decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de continuar con el procedimiento instado mediante querella contra el lehendakari y tres dirigentes de Batasuna va a traer cola, tanto jurídica como política. Desde un punto de vista estrictamente jurídico, parece evidente que el hecho que se les imputa no tiene cabida en el delito de desobediencia que se recoge en el artículo 556 del Código Penal. Esta pareciación jurídica resulta mucho más clara e incontrovertida si la analizamos a la luz del auto dictado por Garzón con motivo del encuentro entre Batasuna y el PSE-PSOE, en el que además de autorizar la reunión dejó claro que la proscripción de Batasuna no significa que no se pueda dialogar con miembros de esta formación, sino que lo que está prohibido es llevar a cabo iniciativas con ánimo de delinquir.

El delito de desobediencia grave exige como presupuesto básico la existencia de una orden legítima a la cual se opone una negativa firme y clara de no cumplimiento. Lógicamente, la desobediencia es un delito doloso; es decir, necesariamente tiene que haber en el autor una voluntad clara de menoscabar la autoridad de quien ha dictado la orden. En este caso es obvio que que no se cumple ninguno de los presupuestos establecidos en el referido artículo. No estamos ante una orden expresa que prohiba dialogar o juntarse con mimebros de Batasuna. La sentencia del Supremo no puede ser en ningún caso considerada, como la norma que contiene la orden expresa de prohibición. Otro supuesto bien distinto sería si la Sala Especial del TS, en trámite de ejecución de sentencia, hubiese dictado, en forma legal, la resolución pertinente, acordando expresamente la prohibición de reunión con Batasuna, anunciando para quien desobedeciera tal orden las consecuencias previstas en el Código Penal. Ni hay orden legítima, ni existe negativa firme de cumplimiento y tampoco ha existido ánimo de menoscabar autoridad alguna.

¿Siguiendo el esquema de indicios de la Sala de lo Penal, no habría ya indicios suficientes para que se le llamara a declarar a Zapatero como imputado por autorizar y ordenar los encuentros con ETA? Es evidente que en la decisión del TSJPV hay razones extrajurídicas y que éstas pesan más que las estrictamente jurídicas. Es un hecho notorio que las querellas del Foro Ermua responden a una evidente finalidad política, que no es otra que entorpecer y dificultar el proceso de diálogo para el cese definitivo de ETA y la consecución de la paz. Es obvio que la Administración de Justicia no puede resolver los asuntos de su competencia según criterios políticos o de oportunidad, pero tampoco puede desconocer o ignorar el riesgo claro de instrumentalización política que objetivamente supone ciertas acciones judiciales.

No es admisible que se utilice el proceso penal como instrumento de contienda política, convirtiéndo en una acción de responsabilidad criminal lo que no son más que actos pertenecientes al ámbito de la contienda política. Lo que realmente sería imperdonable es que los jueces y magistrados , como administradores de la Justicia, entraran en ese juego, convirtiendo la actividad política objeto de enjuiciamiento penal.

Xabier Gurrutxaga

 

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