"La Tercera" ABC 6-6-2007

¿Se ha equivocado ETA?

Por MIKEL BUESA, Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

El anuncio de la definitiva ruptura del «alto el fuego» por parte de ETA constituye un acontecimiento que, no por esperado, es menos grave. Grave porque, sin duda, eleva el nivel de riesgo que muchos ciudadanos comprometidos con la defensa de la libertad, asumen al oponerse a las pretensiones de la organización terrorista. Grave también porque coloca al conjunto de la sociedad española, una vez más, ante la perspectiva de un sufrimiento prolongado y de una zozobra que altera el normal desenvolvimiento del acontecer político. Y grave asimismo porque expresa con nitidez el fracaso obtenido por el actual Gobierno después de tres años de condescendencia con los terroristas y de negociación con ellos en la búsqueda de una «paz» de perfiles difusos, basada en presupuestos difícilmente compatibles con el sistema constitucional.

Para valorar este acontecimiento creo que es pertinente situarse en el balance cosechado por ETA en el curso de la legislatura presidida por Rodríguez Zapatero. Recuérdese que la banda terrorista entró en ella virtualmente derrotada, incapaz de cometer atentados con resultado de muerte -a pesar de haberlo intentado en múltiples ocasiones, según mostró, con su habitual rigor, Rogelio Alonso desde estas mismas páginas- y completamente apartada de las instituciones políticas, al haber sido ilegalizada Batasuna, lo que la dejaba sin una base territorial para organizar su violencia y sin capacidad económica para financiarla. Hoy, al cerrar su periplo negociador con el Gobierno, se encuentra con una capacidad renovada para cometer atentados y actos intimidatorios, fruto de su reforzamiento logístico tras la realización de múltiples robos de armas, explosivos, vehículos y otros materiales en Francia, como lo demuestran el atentado cometido en Barajas y las más de quinientas acciones de terrorismo callejero ejecutadas desde la declaración del «alto el fuego». Cuenta también con más recursos económicos, resultado de la nunca abandonada actividad de extorsión a los empresarios del País Vasco y Navarra -que en las nueve oleadas de cartas amenazadoras enviadas desde hace un año, puede haber producido un rendimiento superior al millón y medio de euros-, de los generosos sueldos y subvenciones obtenidos por el PCTV en el Parlamento de Vitoria -cuyo rédito supera el millón de euros anual- y de las que están por venir tras las candidaturas de ANV en las elecciones municipales -que, de manera inmediata, van a suponer la percepción de algo más de 213.000 euros-. ETA ha adquirido además su reconocimiento como interlocutor político del Estado español con el aval, no sólo del Gobierno, sino también del Parlamento Europeo, gracias este último a una insensata iniciativa del grupo socialista. Y, en fin, se coloca a partir de ahora en un buen número de ayuntamientos vascos y navarros, en veinticinco de los cuales va a gobernar con mayoría absoluta, manejando un presupuesto del orden de los 54 millones de euros anuales.

En resumen, ETA se encuentra en este momento en una posición fortalecida, sin duda propiciada por la tolerancia con la que le ha tratado el presidente Rodríguez Zapatero. Éste, sin embargo, pagado de sí mismo y cegado por un autismo inquietante, ha sido incapaz de reconocer en esa posición las consecuencias de los graves errores políticos en los que ha incurrido. Su intervención ante los españoles a las pocas horas del anuncio de la organización terrorista, no puede ser más decepcionante. Para el presidente, lo único relevante es que «ETA vuelve a equivocarse», como si el retorno a la lucha violenta fuera un error en sí mismo, una abstracción al margen de cualquier consideración de la situación política concreta y de la postura del Gobierno ante ella. ¿Se ha equivocado ETA? ¿No será que más bien valora que, una vez robustecida, para la consecución de sus objetivos políticos -independencia, territorialidad, amnistía- es ahora mejor reemprender la realización de atentados? ¿Es que no ha tenido indicios suficientes como para llegar al convencimiento de que, con una dosis adicional de violencia, podrá doblegar definitivamente a un Estado que le implora, por períodos cada vez más cortos, que aplace su violencia?

La intervención de Rodríguez Zapatero ha sido un verdadero fiasco. Reclama un «respaldo unánime» de los grupos políticos, pero no alude a la política concreta para la que pide ese apoyo. De nuevo lo suyo son las generalidades de significado difuso: la «estricta aplicación del estado de derecho», la «eficacia» policial, la «cooperación internacional». Obsérvese que para nada alude a la solidaridad con las víctimas del terrorismo y a su corolario de movilización de la sociedad civil frente a ETA. Y obsérvese también que aquellas abstracciones se han acompañado de la constitucionalmente imposible afirmación de que «el futuro de los vascos depende y dependerá de ellos mismos», como si le estuviera diciendo a ETA que aún queda recorrido negociador para llegar a la autodeterminación.

El presidente del Gobierno se ha movido una vez más en el terreno de la ambigüedad. No ha hecho propuestas concretas con respecto a los asuntos inmediatos que forman parte de la agenda de la lucha contra el terrorismo: la suspensión penal de las actividades de ANV y del PCTV, así como la iniciativa de su ilegalización; la reintegración de De Juana Chaos a la prisión en la que la ley ordena que acabe de cumplir íntegramente su última condena; la reconducción de la fiscalía hacia una actitud beligerante contra el terrorismo en casos como los de Otegui, la mesa nacional de Batasuna o Egunkaria; el definitivo esclarecimiento de las filtraciones policiales hacia ETA en el caso de las redes de extorsión; la aplicación de la ley de bloqueo de la financiación del terrorismo a las Administraciones vascas que aprueban partidas presupuestarias destinadas a aliviar la situación económica de las organizaciones aledañas de ETA; o la exigencia al Gobierno Vasco para que la Ertzaintza ejerza de manera efectiva sus competencias en materia antiterrorista.

Es cierto que, si se quiere derrotar a ETA, la reconstrucción de la unidad democrática frente al terrorismo, con la aportación esencial de los partidos socialista y popular, es impostergable. Pero, para ello, resulta imprescindible retomar donde se dejó el Pacto por las Libertades, con su determinación de no dar respiro a quienes ejercen la violencia política y de no dejar el más mínimo resquicio a la contaminación nacionalista del discurso antiterrorista. Y es también ineludible su especificación en aspectos concretos de la actuación de ETA como los antes aludidos. Rodríguez Zapatero ha sido incapaz de restablecer lo que él mismo arrumbó con su delirio pacificador y no da ahora muestras de querer hacerlo en los días o semanas próximos, pues en el fondo no acepta que su política de negociación carece ya de recorrido. En estas circunstancias, tal vez la única salida sensata sea disolver las Cortes y apelar a los ciudadanos para que sean éstos los que, de manera inequívoca, señalen su camino preferible: la cesión a ETA en su exigencia de «un proceso de liberación cuyo fin será un Estado independiente denominado Euskal Herria» -según señala en su último comunicado- o la definitiva derrota de esta organización terrorista.

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