ABC 6-6-2007

Las condiciones del pacto

Por Jon Juaristi

El Partido Popular está moralmente obligado a proponer la restauración del pacto antiterrorista, pero no le conviene en absoluto hacerlo. Nada hay que permita prever un cambio en la política del Gobierno -o sea, en su carencia de política- frente a ETA, y no reportaría beneficio alguno al principal partido de la oposición secundar la previsible actividad errática de aquél en lo que quede hasta las elecciones generales, ni mucho menos comprometerse a renunciar a toda crítica de la misma.

Rajoy está en una posición difícil que exige un colosal esfuerzo de imaginación. No debe dejarse arrastrar al abismo. Su compromiso con la nación e incluso su compromiso con el electorado popular, que ha tragado demasiada bilis durante toda esta legislatura, es más importante que cualquier compromiso con Rodríguez, que ha demostrado con creces ser un personaje indigno de la mínima confianza, un inepto y un traidor compulsivo a todo acuerdo que haya podido suscribir con la derecha. Pactar, sí, pero sin pillarse los dedos. El nuevo acuerdo, si es que llega a haber alguno, tiene que dejar al PP la libertad de ejercer la crítica pública de los errores gubernamentales. Toda vez que esta desgracia de gabinete ministerial insiste en asumir la dirección de la lucha antiterrorista (lo que evidentemente le corresponde en el caso de no dimitir en bloque, que es lo que los políticos decentes habrían hecho a estas alturas), la oposición no debe corresponsabilizarse de su fracaso. Entre la situación óptima e imposible (dimisión del Gobierno y convocatoria inmediata de elecciones) y la pésima (reanudación de una trayectoria de dislates y claudicaciones con la oposición aherrojada por el pacto antiterrorista) existe un término medio, más o menos razonable, que el PP debe intentar definir. Una posición que permita apoyar las improbables medidas sensatas del ejecutivo -resignándose a que los eventuales éxitos de éstas, si se producen, sean rentabilizados en exclusiva por el PSOE- y censurar las iniciativas desatinadas. Se me dirá que para tal viaje no se necesitan alforjas, que no hace falta editar de nuevo el pacto antiterrorista. Y, efectivamente, es lo que pienso. Creo que le iría mucho mejor al PP si no modificase en lo más mínimo su actual relación con el partido del Gobierno, del que sólo cabe esperar más deslealtad. Con gente sin principios todo acuerdo es suicida.

Pero Rajoy ha alimentado la ficción de que se puede volver al pacto antiterrorista, una ficción que ha sido el fundamento de su crítica al repugnante «proceso de paz», a lo largo del cual se ha humillado a las víctimas, se ha cedido al chantaje de los pistoleros -hablo del inmundo caso De Juana, por supuesto-, se ha machacado a las plataformas cívicas, se ha perseguido al PP (incluso policialmente), se ha abandonado a su suerte a los constitucionalistas en el País Vasco y Navarra hasta el punto de provocar la defección electoral de los más tibios y se ha puesto a la sociedad española al borde del conflicto civil. La insistencia del PP en la necesidad de relanzar el pacto no ha sido torpe ni ingenua: no tenía otra salida, y tal actitud -que nadie sino un cretino o un sinvergüenza podría calificar ahora de irresponsable- lo compromete a mantener la oferta, aunque a algunos no nos guste. Ahora bien, la consecución de un nuevo acuerdo por las libertades y contra el terrorismo (que no sería estrictamente una mera restauración del anterior, ya que Rodríguez lo destruyó sin coste alguno) exigiría, por parte de Rajoy, la imposición al Gobierno de unas condiciones mínimas, todas igualmente necesarias, sin las cuales no merecería la pena entrar siquiera en los prolegómenos. A mi juicio, ninguna de las condiciones siguientes podría faltar del consenso previo:

En primer lugar, el carácter bilateral del compromiso, excluyendo cualquier concesión a ese multilateralismo tan caro a Rodríguez, que ha hecho de él la principal estrategia de exclusión del PP. A éste le asiste el derecho a prescindir, a efectos del posible pacto, de todos los acólitos nacionalistas e izquierdistas del ejecutivo. En principio, el pacto podría dejarse abierto a otras adhesiones, pero éstas no son esenciales ni Rajoy debe perder un minuto de su tiempo buscándolas. Sería un desperdicio de energía entablar cualquier discusión sobre el particular. Si algo ha dejado claro la presente legislatura es que los pequeños partidos representan lo más patológico de la democracia.

La ilegalización inmediata de ANV, con la anulación de sus listas de concejales, se ha convertido no ya en una condición política de cualquier acuerdo con el Gobierno, sino en un requisito indispensable de la lucha contra una banda que se ha declarado dispuesta a seguir matando. Urge la aplicación estricta de la Ley de Partidos cuando la propia ETA ha dado ya pruebas suficientes de que ANV es el movimiento de apoyo político a la red terrorista. La siguiente condición se deriva inmediatamente de ésta: cualquier acuerdo de gobierno entre los socialistas y Nafarroa Bai en Navarra es incompatible con el espíritu de un pacto antiterrorista, no porque los nacionalistas de esta última formación sean sospechosos de connivencia con ETA, sino por su apoyo a la legalización de ANV o de Batasuna, que viene a ser lo mismo. No puede admitirse ninguna alianza que menoscabe el arma jurídica fundamental de la lucha antiterrorista; es decir, la mencionada Ley de Partidos.

Aunque sea lo más difícil de obtener -y de garantizar-, el PP debe exigir del PSOE el compromiso público de no acudir a las elecciones con un nuevo proyecto de «proceso de paz». Las declaraciones de Rodríguez acerca de la «firmeza, unidad e inteligencia» que, según él, deben presidir este período final de la legislatura hacen temer lo peor. En particular, su personal glosa a la «inteligencia» refiriéndola a la imaginación para «luchar por la paz». Ya sabemos lo que entiende Rodríguez por ello, y lo malo no es que lo sepamos nosotros, sino que también lo sabe ETA, que por eso y no por otra cosa ha vuelto a las andadas ante la inminencia de unas elecciones generales. O se consigue del presidente del Gobierno la promesa firme y formal de que va a renunciar a proponer más atajos disparatados durante la campaña electoral o mejor sería que siguiésemos como estábamos hasta ahora. Conociendo el paño, me temo que es lo que Rajoy tiene más difícil. En cualquier caso, si se lograra, el PP debería reservarse el derecho de denunciar los incumplimientos del pacto, sin ponerse mordazas ni amedrentarse ante la demagogia del escándalo practicada por los portavoces del PSOE, Gobierno y grupo parlamentario socialista.

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